El estudio derivado de la visita a 50 albergues bajo la supervisión y monitoreo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) pretende desinstitucionalizar este sistema.
Los hallazgos forman parte de un documento elaborado por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a solicitud del Ministerio de Desarrollo Social que preside la junta directiva de Senniaf
En esas pesquisas detectaron que la mayoría de los infantes que ingresan en albergues provienen de comarcas o del campo y en algunos casos no saben hablar bien español y se enfrentan a un ambiente sin profesionales que conozcan su lengua o un enfoque intercultural.
Los centros están lejos de casa, la falta de recursos por lo general impide las visitas. En el estudio encontraron casos en que la familia dejó a su hijo en el albergue y no lo vuelven a ver hasta el regreso.
Las residencias siguen siendo la primera alternativa por la que optan las autoridades a pesar de los programas de familias que podrían adoptar menores.
Señalan además la falta de un programa para la reintegración familiar y las condiciones de encierro a que son sometidos los menores.
De otro lado, no todas las residencias cuentan con un reglamento interno como lo dicta el Decreto 404 que se refiere a las funciones de la autoridad administrativa.
El pasado 11 de diciembre, el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, reclamó sanciones para los responsables de abusos en este tipo de albergues infantiles, una investigación que continúa tras estremecer al país a inicios de este año.
En su informe, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman solicitó al Ministerio Público y al Órgano Judicial que las pesquisas sobre los vejámenes cometidos contra estos niños cumplan su cometido y se castigue a los que los perpetraron.
El detonante de la violación a los derechos de esos niños, fue la presentación de un informe, a inicios de febrero, por parte de una subcomisión legislativa, que halló casos de agresiones sexuales en contra de varios ellos, algunos con discapacidad.
A raíz de los incidentes, Unicef pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
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