A pesar de las inclemencias del tiempo (densa neblina y lluvia), el kilómetro 171 en la Cumbre de Alaska, departamento de Sololá, permanece cerrado, luego de que la víspera en ese mismo punto se montó una tarima improvisada para recibir a los cuerpos de 13 víctimas de la más reciente masacre con el trasfondo de un litigio por tierras desde 1865.
En la vía los familiares velaron a sus muertos, entre ellos, varios niños, y exigieron a las autoridades hacer algo para poner fin a los enfrentamientos que generan una espiral de violencia en el área.
Las manifestaciones y cierres ocurren a pocas horas de que el Congreso de la República examine el Estado de Sitio propuesto ayer por el presidente Alejandro Giammattei con el fin, dijo, de retomar el control de la situación tras los hechos repudiables del pasado viernes.
Tanto vecinos de Ixtahuacán como analistas coinciden en que la medida -la segunda en este año- no ayuda a la solución integral del problema de fondo, de ahí que mantendrán el plantón al menos por tres días, los mismos que los diputados podrían tomarse para ratificar o improbar el Decreto Gubernativo .
En octubre de 2020, la Comisión Negociadora de Alto Nivel, presidida por el vicepresidente Guillermo Castillo, inició un estudio agrológico y de medición de la finca El Alto -supuesto origen del conflicto medular entre los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.
En agosto de este año, Giammattei involucró en la mesa de diálogo al Ministerio de Gobernación, pero sin resultados a la vista, solo más víctimas y luto.
También el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pidió al ejecutivo «máxima prioridad a la grave situación de seguridad que se vive en el área, pues hay indicios de que los ataques armados más recientes han rebasado el histórico conflicto limítrofe».
Igual postura solicitó la alcaldía indígena de Ixtahuacán porque «si los acuerdos de la mesa de diálogo no se van a dar por cuestiones políticas, que se busquen otras alternativas», aseguró.
Desde ayer se reforzó la presencia de la Policía Nacional Civil en la zona, con mil 500 agentes, luego de que uno de ellos fuera asesinado durante la masacre.
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