Desde la ocasión anterior el 3 de noviembre en que hizo llegar una carta al consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la también periodista ha reiterado a través de distintas plataformas este hecho manifiesto desde hace casi nueve meses.
Hurtado recalcó que el asedio personal a los funcionarios consulares cubanos remarca el incumplimiento del Convenio de Viena y los acuerdos Internacionales por parte de las autoridades, y que pese a sus esfuerzos por visibilizar la situación sigue sin recibir respuestas oficiales.
“He aportado pruebas a Interior de la Generalitat donde se ven las amenazas, el asedio verbal, el acoso físico, la persecución a la salida del trabajo, y todo tipo de incitaciones al odio por las personas que allí se congregan, y que suben las grabaciones a internet sin ningún tipo de pudor”, declaró en un comunicado enviado a Prensa Latina.
“Según los acuerdos internacionales del Convenio de Viena de 1963 (…) el estado receptor debe brindar total protección a la sede consular. Y no solo no se está brindando, sino que se está teniendo total permisividad y blanqueamiento de los actos delictivos que incumplen las leyes internacionales”, precisó.
La realizadora del documental Herencia, sobre las raíces y el legado cultural de Cuba, señaló asimismo que ha sido víctima de todo tipo de insultos, injurias, difamaciones y humillaciones por parte de las mismas personas que asedian el Consulado General de Cuba en Barcelona.
Explicó que la concejala del partido Ciudadanos en Barcelona Sonia Reina Sánchez, a quien los congregantes han nombrado como asesora, “me ha atacado públicamente y menospreciado, cosificándome como mujer, ejerciendo ella un cargo público en la política. ¿Es esto algo tolerable en la democracia española?, inquirió.
Al respecto, y al matizar que sufre ataques verbales y expresiones denigrantes como mujer desde el ejercicio público de la política, Hurtado pidió que se considere la inhabilitación de Sonia Reina Sánchez por su mala praxis, demagogia y actitud.
La cineasta andaluza afincada en Barcelona comentó a Prensa Latina que los sucesos apuntan a unas reuniones que no obedecen al hecho de la libre manifestación que recoge la Constitución española en su artículo 21, que además poco han tenido de pacíficas.
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