Si bien la Cámara de Representantes consiguió aprobar el proyecto de inversiones sociales y ambientales impulsado por la Casa Blanca como parte de su programa Build Back Better (Reconstruir Mejor), la normativa está estancada en el Senado, donde uno de sus miembros, el demócrata Joe Manchin, se niega a respaldarla
Inicialmente valorada en 3,5 billones de dólares, fue rebajada a 1,75 billones justamente para ganar apoyo en función del paquete destinado a sectores como educación y salud, así como para la lucha contra la crisis climática. Como el Senado está dividido (50 legisladores por cada partido), cualquiera de los demócratas puede ejercer una especie de poder de veto sobre un determinado proyecto de ley si los republicanos cierran filas, como es el caso del plan de beneficios sociales.
Respecto a las reglas de funcionamiento del legislativo estadounidense, la representante del partido identificado con el color azul Alexandria Ocasio-Cortez reconoció que son “antidemocráticas”.
Otro ejemplo de cuán difícil ha sido para la administración aprobar medidas de su interés fue el plan de infraestructuras de un billón de dólares, inicialmente aceptado en agosto en la Cámara Alta con apoyo bipartidista, pero estancado hasta noviembre en la Cámara de Representantes por desacuerdos internos en el propio partido del mandatario.
Ese paquete, incluido en el plan Reconstruir Mejor, finalmente fue promulgado como ley y constituye una de las prioridades de la Casa Blanca para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos a partir de la renovación de estructuras como puentes, puertos y carreteras.
La aprobación de la norma pareció dar un respiro a la administración demócrata duramente golpeada en el Congreso por la falta de resultados en otros proyectos como la ley del voto, lo que unido a varias cuestiones, como el repunte de la inflación en la segunda mitad del año, provocó una caída de la popularidad de Biden.
OTROS ASUNTOS PENDIENTES
Si bien el presidente logró avances en su programa Reconstruir Mejor con la ley de infraestructuras, hubo temas que formaron parte de su agenda de campaña que progresaron poco, entre ellos la regulación del porte de armas, considerada una de las soluciones a la violencia rampante en la nación.
Estados Unidos reportó más de 43 mil muertes relacionadas con artefactos de fuego entre enero y noviembre de 2021, según el Archivo de Violencia Armada (Gun Violence Archive), lo que convierte este año en el más letal por incidentes de esa naturaleza en la última década.
A pesar de esas cifras, el Congreso se niega a limitar el acceso a los armamentos en un país donde diariamente más de un centenar de personas es víctima de disparos, pero la poderosa Asociación Nacional del Rifle presiona a los legisladores para rechazar cualquier cambio.
Mientras tanto, se estima que hay más de 390 millones de armas de fuego en poder de la población civil, lo que equivale a cerca de 102 por cada 100 habitantes.
Por otro lado, las negociaciones en el Congreso para aprobar una reforma policial marchan con lentitud a más de un año de las protestas multitudinarias tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un agente de ese cuerpo.
Una vez más las discrepancias entre políticos de ambos partidos impiden sacar adelante una de las promesas electorales del ocupante del Despacho Oval, que anticipó cambios en la supervisión de los oficiales y su responsabilidad en abusos.
El mayor escollo de la propuesta legislativa es la cuestión de la inmunidad cualificada, la cual protege a los policías de los litigios civiles por sus acciones en el cumplimiento del deber.
Si bien para los miembros del partido conservador deben mantenerse las protecciones legales para los oficiales de primera línea, esa idea no tiene buena acogida entre los demócratas y, sin un acuerdo a la vista, se dilata cada vez más la posibilidad de una nueva legislación.
Otro de los asuntos pendientes para el gobierno, al cual el Congreso no dio respuesta este año, fue la implementación de una ley que garantice el derecho al voto a todos los ciudadanos.
Una ofensiva conservadora busca dificultar el acceso a las urnas de minorías en Estados Unidos, donde gana terreno el frenesí de republicanos bajo la teoría del expresidente Donald Trump de supuesto fraude en las elecciones de 2020.
Aunque desde 1965 está en vigor la Ley de Derechos Electorales que prohíbe la discriminación en ese plano, algunos estados controlados por el partido rojo abogan por medidas muy técnicas para limitar las prerrogativas políticas a grupos minoritarios, especialmente a los afroestadounidenses, que votan principalmente por los demócratas.
La Cámara de Representantes adoptó dos proyectos de reforma electoral este año para poner freno a esas restricciones: la llamada Ley Para el Pueblo y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis, pero no tienen de momento ninguna oportunidad de superar el bloqueo republicano esperado en el Senado.
Por su parte, líderes y activistas de derechos civiles manifestaron su frustración en una carta enviada en agosto pasado al gobernante, a quien recriminan por no poner el “extra” de su capital político mientras varios proyectos federales “duermen” en el Congreso.
Los límites al derecho al voto en una veintena de estados, sumados a la caída de la aprobación de Biden reflejada en las encuestas, son un mal presagio para los demócratas con vista a las elecciones intermedias del próximo año, estiman analistas.
Por esa razón, el propio Biden prometió a mediados de diciembre que lucharía por una legislación que garantice el voto a todos los ciudadanos y ponga freno a las disposiciones locales que dificultan la participación electoral a partir de regulaciones muy técnicas.
PERSPECTIVAS 2022
En esencia, en el año que culmina Biden solamente consiguió apoyo parlamentario para aprobar la ley de infraestructuras, un paquete de 1,9 billones de dólares para contener la crisis provocada por la pandemia, y unas pocas medidas urgentes de aumento de financiamiento del gobierno y extensión de la deuda.
A inicios de noviembre el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, predijo que su partido tendrá una «muy buena elección» en 2022, cuando buscan alcanzar la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Su afirmación se basa en análisis de que las divisiones públicas entre los demócratas contribuyeron a hundir la aprobación de Biden y ensombrecen los esfuerzos de ese partido por utilizar su control del Congreso y la Casa Blanca de cara a los comicios de mitad de mandato de 2022.
Los republicanos aprovechan la falta de unidad de sus rivales para ganar terreno, así como la dilatada recuperación económica, la frustración por la persistencia de la pandemia de Covid-19, y la lentitud en la aprobación de proyectos cruciales para el ejecutivo liderado por Joe Biden.
rmh/avr *Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
