Al concluir el octavo periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano en su novena legislatura, el mandatario subrayó que aunque tildan de dictadura al gobierno de la isla, nada más contrario a esos términos que una nación que somete a consulta popular y referendo sus leyes.
En ese sentido, el jefe de Estado puso el ejemplo del Código de las Familias, que en febrero del próximo año iniciará un proceso mediante el cual toda la ciudadanía podrá opinar sobre sus postulados.
Se trata de un proyecto inclusivo, que ampara los derechos de todas y todos, solo posible en democracia, resaltó Díaz-Canel, y significó que protege los derechos humanos de las familias.
En otro momento de su discurso exaltó que ese será un importante paso que permitirá enriquecer el texto con el aporte de todos, aunque desde ya el proyecto refleja los problemas de la cotidianidad cubana y es expresión la sensibilidad de la Revolución.
El Código enaltece la dignidad humana, como valor refrendado en la Constitución, y no impone modelos o tipos de familias, argumentó el mandatario.
Se refirió al sustento científico de la normativa, basada en investigaciones de diversos saberes y transmitió un reconocimiento a quienes trabajaron en su conformación, una labor que llevó largas horas de estudio y búsqueda de consenso.
“Sin dudas estamos ante un texto que proyecta el presente y futuro de la sociedad cubana”, enfatizó el presidente, quien recordó que en el cuerpo legal late el espíritu de quien fuera presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, una mujer de vanguardia.
Hago mía la invitación a sumarnos a lo que el poetad Miguel Barnet definió como un canto por los derechos humanos de todas y todos, exhortó Díaz-Canel en torno al proceso de consulta al que se someterá la normativa.
El jefe de Estado igualmente aludió al reajuste del cronograma legislativo, que da continuidad y desarrolla la leyes que necesita el país, y mencionó como evidencia de ello las tres aprobadas en este periodo ordinario de sesiones, referidas al funcionamiento de los Tribunales Militares y los procesos penales en ese ámbito, así como al ordenamiento territorial y urbano y el uso del suelo.
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