Con este paso la Unión Europea (UE) podría convertirse en la primera zona en implementar el acuerdo alcanzado en octubre en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que intenta asegurar un pago justo a los países donde operan las grandes compañías.
La iniciativa, a la cual se sumaron entonces 137 estados, contempla la adopción de un impuesto de sociedades mínimo común para las entidades a nivel mundial, de ahí que la UE se apresure a poner las reglas dentro de su territorio.
La propuesta de Bruselas incluye varias normas que permitirán armonizar el cálculo del tipo impositivo y su aplicación en las 27 naciones del bloque, de manera que si la obligación es inferior al 15 por ciento en una jurisdicción, la compañía abone la diferencia con independencia del lugar donde tenga su sede.
La directiva aplica a todas las empresas que operan en la UE y tengan beneficios superiores a los 750 mil millones de euros al año, pero exime a las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, y los fondos de pensiones o de inversión.
Este miércoles la Comisión igualmente presentó varias medidas que apuntan a incrementar los recursos financieros para sostener sus políticas, sin tener que aumentar la contribución de cada país al presupuesto común.
Entre ellas está derivar un 25 por ciento del dinero generado en los mercados de comercio de derechos emisiones y el establecimiento de un impuesto sobre los bienes que llegan a la UE procedentes de naciones con estándares medioambientales inferiores.
El bloque puso en marcha un plan de recuperación por valor de 800 mil millones de euros, por lo que requiere fondos para solventar esa deuda conjunta.
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