«Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano. Autoriza disparar a jóvenes e indígenas», afirmó el político Roy Barreras.
Aseguró que los colombianos deben saber que esa Ley autoriza las detenciones arbitrarias por medio de la figura de convicción por protección y legaliza masacres como la de los niños de Llano Verde en Aguablanca que se atrevieron a levantar sus cometas en un predio privado.
«Legaliza a los ciudadanos que quieran disparar como si fueran ‘gente de bien’ contra otros ciudadanos», alertó.
Barreras afirmó que demandará esa norma bajo el argumento de inconstitucionalidad por haber impedido a muchos senadores ser parte del debate integral del proyecto.
Está claro que el gobierno de Duque con este estatuto enfrentará con represión brutal el reclamo ciudadano, de los jóvenes, de los desempleados, de los indígenas y de las mujeres.
Advirtió que la ciudadanía responderá en las urnas contra esta normativa, la peor de la era Duque, aprobada por los partidos afines al gobierno, y la Corte Constitucional la tumbará.
Por su parte, 28 legisladores de oposición enviaron una carta a organismos y líderes internacionales defensores de derechos humanos, en la que aseguran que la Ley de Seguridad Ciudadana es un «incumplimiento» a sus recomendaciones sobre el exceso de la fuerza pública contra las protestas antigubernamentales de este año.
«El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social», recalcaron en el texto.
Alertaron sobre el punto de la «legítima defensa privilegiada», que prescinde de responsabilidad penal a quienes ejerzan este «derecho» para repeler una incursión violenta a sus propiedades, incluso usando «fuerza letal».
«Es importante señalar que la Alta Comisionada para las Naciones Unidas advirtió, en un reciente informe sobre las protestas en el país, que ‘recibió información de agresiones y amenazas por parte de miembros de la Fuerza Pública en contra de personas que durante las manifestaciones ejercían una labor de promoción y garantía de los derechos humanos'», subrayaron.
El informe detalló que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las protestas y el 76 por ciento de las muertes se debieron a heridas de bala.
Según la investigación, al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y otras 10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales.
A las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
jha/otf
