El desacuerdo con el documento fue expresado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, entre otras.
A su juicio, el Decreto Ejecutivo 151 no tiene en cuenta los conflictos existentes sobre ese tema, ni las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza provocados por las labores mineras.
En ese sentido, las instancias mencionadas presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la normativa y sostienen que fue emitida sin la obligatoria consulta prelegislativa y pone los intereses empresariales privados por encima de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de la naturaleza.
«A través de este decreto se planea afectar el 48 por ciento del territorio nacional con concesiones mineras, sin contar con las respectivas consultas ambientales, o la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho al acceso al agua y los derechos de la Naturaleza», indicaron las organizaciones.
Señalaron además que incluso es un retroceso en cuanto a decisiones ciudadanas ya establecidas y cuestionaron el rol del gobierno como garante de derechos al designar al
Ministerio de Energía, Recursos Naturales No Renovables y sus agencias como oficinas habilitadoras de trámites para el cumplimiento del decreto.
Con esta suman dos las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los pueblos y nacionalidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, pues el pasado 18 de octubre denunciaron el Decreto 95, que al igual que el 151, pretende expandir e incrementar la explotación petrolera, incluso a territorios indígenas.
Este es un momento particular, porque las luchas contra el extractivismo han tomado mayor relevancia con sentencias en casos donde se demostró la vulneración de derechos.
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