La normativa, aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa y sus aliados, fue criticada por activistas que estiman que su marcado carácter economicista aumentará las desigualdades de acceso al agua.
«Tal como fue aprobada, dicha ley carece de enfoque de derecho y no retoma el espíritu de los cinco puntos indispensables, por los que las comunidades y el movimiento popular han luchado por 16 años», reza un comunicado.
El texto alude al reconocimiento del agua como bien público, con una gestión con participación popular, la gestión sustentable de cuencas y un régimen económico justo y equitativo.
El Foro Nacional del Agua, organización de la sociedad civil que lidera esta reivindicación, criticó además que el cálculo de los cobros por el uso del agua quedaron a discreción de los funcionarios, sin participación del pueblo.
Sin embargo, el oficialismo consideró «histórica» la sesión plenaria en la que fue aprobada la nueva Ley General de Recursos Hídricos, que languideció durante cinco legislaturas sin ser aprobada.
La nueva normativa, integrada por 179 artículos, define el marco jurídico referido al uso, manejo, la explotación, distribución, el consumo, cuido, la protección y prevención del recurso hídrico a escala nacional.
El primer artículo de la ley consigna que el agua y su saneamiento son derechos humanos y el Estado salvadoreño deberá garantizar el cumplimiento de estos para toda la población.
Además, fue estipulada la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua, a cargo de aplicar el nuevo ordenamiento jurídico referido al manejo del recurso, y conceder permisos de explotación, entre otras atribuciones.
«Esta ley es transparente y tiene como interés principal a los salvadoreños», aseguró la diputada y meteoróloga Sandra Martínez, quien lideró la comisión parlamentaria que emitió el dictamen de la normativa.
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