El juez al frente de la investigación, Tarek Bitar, se vio obligado a detener el proceso ante una demanda presentada por exfuncionarios de alto nivel.
Con anterioridad, Bitar estuvo impedido de proseguir con la encuesta por similares impugnaciones que también respaldan los partidos movimiento Amal e Hizbulah.
Esas facciones políticas plantean que hay manchas en la pesquisa por parcialidad y sectarismo.
Los legisladores Ghazi Zeaiter (exministro de Obras Públicas) y Ali Hasan Khalil (Finanzas) se querellaron contra el juez, quien debe esperar un fallo de la Corte de Apelaciones para proseguir la pesquisa.
Desde que asumió la investigación en febrero último, las demandas contra Bitar ascienden a 18, la mayoría de funcionarios convocados bajo sospecha de negligencia criminal.
Organizaciones no gubernamentales y familiares las víctimas de la explosión describen esas paralizaciones de flagrante injerencia política.
La explosión del 4 de agosto de 2020 en la terminal portuaria la causó ignición de centenares de toneladas de nitrato de amonio que estuvieron mal cuidados desde 2014 en uno de los muelles.
El movimiento Amal e Hizbulah alegan que Bitar debe ir al porqué esa sustancia explosiva permaneció tantos años abandonada en el puerto y quiénes son los responsables de su llegada a Beirut.
No pueden ser culpables de la tragedia, apuntan, Zeaiter, Khalil y el también exministro del Interior Nouhad Machnouk, sino los que aceptaron su almacenaje y luego descuido.
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