El Ministerio de Gobierno (Interior) informó que la decisión la tomó el gabinete sectorial de seguridad, dirigido por la titular de la cartera, Alexandra Vela, al analizar la situación en la red de prisiones de esta nación andina.
La reunión sirvió, además, para discutir sobre las medidas que se aplicarán una vez finalizado el estado de excepción en los Centros de Rehabilitación Social (CRS), el venidero martes.
En ese sentido, el acuerdo fue mantener el respaldo de las Fuerzas Armadas en cuanto a garantizar seguridad en el perímetro externo de los penales.
Además los militares participarán en las operaciones de control de porte y tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, conforme a la ley.
Igualmente intensificarán las acciones preventivas, disuasivas y patrullaje en vías de acceso a los CRS y al interior mantendrán fuerzas de reacción para actuación inmediata, de acuerdo con la normativa y protocolos vigentes.
El objetivo central es garantizar el orden en las cárceles, donde este año arreciaron los enfrentamientos y la violencia.
La penitenciaría del Litoral, la de mayor conflictividad, fue escenario de las dos peores masacres del sistema, con 119 y 68 muertes violentas, respectivamente,además de decenas de heridos en riñas entre presos.
En toda la red de penales durante 2021 se registraron más de 320 asesinatos de reclusos, lo cual ha llevado al Gobierno nacional a decretar el estado de excepción, a fin de pacificarlo, darle mejores condiciones en su infraestructura y disminuir el hacinamiento, pues acogen a más de 38 mil reclusos, cuando su capacidad es para 30 mil.
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