En un comunicado a la opinión pública, la organización señaló que durante años ese defalco permitió que “personas, agrupaciones y partidos políticos montaran una estructura delincuencial que se beneficiaba de recursos públicos”.
El sonado caso de corrupción en la Alcaldía cruceña salió a la luz a finales de noviembre pasado y en el mismo están implicados funcionarios y exfuncionarios, algunos de los cuales se encuentran en prisión preventiva y otros son solicitados por la justicia.
Los papeles encontrados en la vivienda de la exesposa de uno de los principales investigados y en la actualidad con paradero desconocido, el exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento Antonio Parada, revelaron un defalco superior a los 28 millones de dólares, además de la apropiación de inmuebles y vehículos de lujo.
La nota del MAS-IPSP se desmarcó en forma categórica del asunto al señalar que como organización “nunca negoció, tranzó, pactó ni hizo concesión alguna” con las autoridades municipales ni de la gobernación de Santa Cruz “para favorecer su estructura corrupta o favorecerse”.
El texto precisó que si alguna autoridad pública, concejal, asambleísta, diputado, senador o dirigente hubiese negociado cuotas de poder en el municipio con las personas actualmente involucradas en este caso de corrupción, “será de absoluta responsabilidad personal y deberá enfrentar sus consecuencias penales y también partidarias”.
Añadió que la dirección del MAS-IPSP “aplicará sus estatutos internos”, de reciente aprobación, para sancionar como corresponde a los militantes que “se vieran envueltos en este y otros casos de corrupción”.
Legisladores de la bancada oficialista denunciaron la vinculación de por lo menos siete afiliados al partido opositor Creemos a los ítems fantasmas al cobrar contratos por miles de pesos por lo menos durante tres meses, según los documentos revelados.
Creemos “es una organización criminal que se está escudando en los partidos políticos”, alertó el diputado del Movimiento al Socialismo Rolando Cuéllar.
Asimismo, fuentes del oficialismo alertaron que la oposición pretende utilizar el conocido caso de los 800 ítems fantasmas para implicar a las autoridades del gobierno e iniciar una campaña de descrédito.
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