La normativa fue declarada inicialmente el pasado 30 de septiembre, tras la mayor masacre en el sistema de prisiones, ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que dejó un saldo de 119 muertos.
En noviembre último, el mandatario decidió renovar la regulación, luego de una nueva matanza en el mismo penal, que cobró al menos 68 vidas y dejó decenas de heridos.
En ambas ocasiones el estado de excepción por grave conmoción social, permitió movilizar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar y restablecer el orden y el control en todos los centros de rehabilitación social del país.
Previo a la finalización del decreto, un gabinete sectorial de seguridad dispuso que los militares mantengan el apoyo a las fuerzas del orden, para prevenir y controlar brotes de violencia en las prisiones.
Al respecto, el viceministro de gobierno (Interior) Max Campos adelantó que por el momento no habrá renovación del estado de excepción, pero las Fuerzas Armadas continuarán con sus labores de ayuda en el perímetro externo de las cárceles.
Igualmente respaldarán las operaciones de requisa de porte y tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, conforme a la ley.
En el marco de las tareas para devolver la tranquilidad a los penales, el gobierno creó una comisión de pacificación y realizó un plan piloto para obtener datos que faciliten un programa dedicado a solucionar la severa crisis existente en las cárceles.
A partir del próximo año también se realizará un censo en la población de reos, que excede los 38 mil, en penales con capacidad para 30 mil reclusos, donde el hacinamiento, las malas condiciones en la infraestructura, falta de rehabilitación social y de guías penitenciarios empeora la situación.
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