Todos ellos se enteraron cuatro días atrás por la prensa de una resolución judicial que decretó la suspensión de las actividades de la tradicional institución de servicios médicos a causa de adeudos e insolvencia financiera.
Por esta última causa, el Ministerio de Salud Pública intervino un mes previo a la centenaria entidad, pero después un juez nombró dos síndicos para dirigirla y la semana pasada decidió su cierre “de forma absolutamente irresponsable y sin demostrar interés alguno por los trabajadores y socios de Casa de Galicia”, denunció FUS.
El presidente de la gremial, Jorge Bermúdez, reclamó ante trabajadores movilizados en protesta, la protección de los empleos y el cobro de salarios y aguinaldos de fin de año correspondientes a diciembre de 2021.
De momento la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) se encargó de las consultas en policlínica y los internados en tratamientos y prometió resolver los adeudos a empleados, pero el futuro de la mutualista de unos 42 mil asociados se mantiene incierto.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostuvo en un reclamo a la justicia que su decisión fue inoportuna porque no tuvo ni siquiera en cuenta a los pacientes ingresados, e inició consultas con los partidos representados en el parlamento.
La bancada bicameral del Frente Amplio se pronunció por buscar alternativas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud con sus fortalezas y solidez legados de los gobiernos precedentes de esa fuerza política y propuso dos proyectos de ley en tal sentido.
“Sostenemos que cualquier solución debe priorizar a los trabajadores, a los usuarios y la infraestructura sanitaria y no solo tener en cuenta a los acreedores” manifestó en una declaración.
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