Desde octubre pasado, el gabinete está detenido por un boicot de los partidos movimiento Amal e Hizbulah, en demanda de la sustitución del juez a cargo de la pesquisa por la tragedia en el puerto capitalino en agosto de 2020.
Esas dos facciones políticas acusan de parcial y politizado al investigador Tarek Bitar.
Sin embargo, el primer ministro Najib Miqati anunció que las conversaciones con el FMI comienzan a acercarse a lo que describió de fórmula final para un borrador de un acuerdo antes de fines de febrero.
Mikati indicó que el Ejecutivo hace sus deberes para concretar un pacto de ayuda con la institución internacional, cuyos términos luego revelará a los ciudadanos.
Pero ese acuerdo deberá pasar por el filtro del Consejo de Ministros que está en pausa desde el referido octubre.
Con anterioridad, surgieron desavenencias internas respecto a qué parte de la deuda externa libanesa ascendente a más de 95 mil millones de dólares, asumirían el Gobierno, el Banco Central y los prestamistas privados.
En cualquier caso, el llamado país de los cedros afronta una crisis económica descrita como de las peores del mundo en los últimos 150 años.
Las instituciones financieras internacionales lo llaman una depresión deliberada y culpan a la élite gobernante libanesa, en el poder durante décadas, de administrar mal los recursos.
De momento, casi 80 por ciento de los libaneses cayó por debajo el umbral de la pobreza, la moneda nacional perdió más de 100 puntos porcentuales de su valor y los precios minoristas subieron en un nivel inalcanzable para 90 de cada 100 ciudadanos.
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