El excorregidor – una figura que representa al pueblo establecida por el expresidente Omar Torrijos (1968-1981)- de El Chorrillo, el barrio mártir que casi desaparece bajo la metralla de la aviación y la artillería esa madrugada de navidad mutilada, asevera que cada panameño tiene una visión muy personal de aquel horrendo crimen.
A paso lento, muestra a este reportero el actual monumento: un par de lápidas y una roca blanca con una modesta tarja que perpetúa la memoria de los caídos y relata que toda aquella calle estaba poblada por casas de madera incendiadas con las llamas y las explosiones que aterrorizaron y asesinaron a sus moradores, un pueblo indefenso.
Aquí se probó el armamento más sofisticado de la época y que luego los norteamericanos emplearon en agresiones contra otras naciones, asegura.
La mayor masacre que recuerda el país, dice, no ha podido ni podrá borrar la memoria histórica y los reclamos de justicia . Nuestro gran desafío es lograr que las nuevas generaciones conozcan nuestra verdad.
Debemos transmitir lo que pasó con toda crudeza, pero también con el patriotismo de aquellos días, como lo demostraron los integrantes más jóvenes de los batallones de la dignidad, cuando los altos jefes militares corrieron a refugiarse en los cuarteles del enemigo en Howard y Clayton, sentenció Salinas.
HISTORIA Y JUSTICIA
Analistas aseguran que los panameños fueron traicionados aquella madrugada, cuando los ganadores de elecciones fraudulentas de mayo de 1989- Guillermo Endara, como presidente y los vicepresidentes Ricardo Arias y Guillermo Ford- recibieron de los jefes castrenses estadounidenses la información del momento exacto de la invasión y les prometieron encabezar el nuevo gobierno, que aceptaron.
La denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Decenas de civiles aniquilados se acumularon en las calles, sin permitir a sus familiares rescatar sus cuerpos, mientras las tanquetas cruzaban sobre ellos.
Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios.
Aunque la capital fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y en Río Hato, zonas bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Aún hoy, para los miles de víctimas de estos sucesos no se ha hecho justicia.
COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE
Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, consideró que son muchas las deudas pendientes, entre ellas conocer el paradero de miles de desaparecidos, así como la identificación de los restos de las víctimas mortales, en un proceso de exhumación de cadáveres que no termina.
Estimó que la invasión no tuvo la necesaria condena internacional, pese a un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que juzgó a Estados Unidos por las violaciones perpetradas e insta a su gobierno a indemnizar a las víctimas.
En esta lucha, hemos tenido avances como el de lograr en 2016 la conformación de la Comisión 20 de diciembre, que encabeza el catedrático Juan Planells y se dedica de manera exclusiva a las investigaciones de aquellos sucesos, relató la activista.
<br>FotosPL: Mario Hubert Garrido
<br>Es también nuestro propósito, acotó, que el Ejecutivo respalde la creación de un Museo en honor a esas víctimas y que recoja todos los elementos de la invasión y sus consecuencias.
En abril de este año, la propuesta de una obra de esa magnitud fue tesis de la recién graduada arquitecta Fanny Palacios, según el diario La Estrella de Panamá, aunque a la fecha quizás pocos recuerden el proyecto de la joven egresada en la Universidad Isthmus.
Palacios propuso como sede del Museo al capitalino barrio mártir El Chorrillo, en el parque Amelia Denis de Icaza (1836-1911), poetisa panameña con una obra de profundo patriotismo, contenido político y denuncia social.
En declaraciones a Prensa Latina, el propio Planells precisó que otra deuda con los familiares de las víctimas es el estudio científico y serio sobre los cadáveres exhumados en los cementerios Jardín de Paz, en ciudad de Panamá, y Monte Esperanza en la caribeña provincia de Colón.
<br>FotosPL: Mario Hubert Garrido
<br>Para ese fin contarán ahora con un nuevo Laboratorio de ADN donado por la Policía Nacional que estudiará esos restos agrupados en 38 bolsas.
Especialistas panameños altamente calificados, indicó, llevan adelante esta tarea que permitirá al pueblo panameño rendir el necesario tributo a quienes ofrecieron sus vidas durante aquel acto brutal que no debemos olvidar.
Planells estimó que para inicios de 2022 se podría obtener los primeros resultados de esta investigación. También señaló que otra de las deudas es la labor que se realiza para impulsar nuevas denuncias a nivel mundial contra Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de los panameños.
Mientras analistas como el abogado Antonio Saldaña consideran que la operación, justo antes de las fiestas navideñas, fue un acto deliberado y unilateral que, además provocó atroces crímenes de lesa humanidad y puso en peligro el canal interoceánico.
Considera que los gobiernos de turno, entonces y ahora, mantienen silencio cómplice sobre las verdaderas causas y consecuencias de la acción bélica, pero, peor aún, son insuficientes los esfuerzos para indemnizar a centenares de familiares de víctimas, civiles inocentes y militares que enfrentaron la arremetida.
Víctor de Gracia, ex diputado y analista político, sostiene que es primordial para el país que el Gobierno, de una vez, declare por ley el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional y no por decreto como ahora, que solo establece izar este día la bandera nacional a media asta y excluye el cierre de oficinas públicas ni privadas.
Un proyecto serio al respecto lo presentamos al legislativo, pero nadie sabe por qué no prospera, abundó.
A 32 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, se renueva el clamor por rescatar la memoria histórica sobre ese genocidio.
Múltiples marchas de movimientos sociales llegaron hasta la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional (parlamento) y la Embajada de Estados Unidos para pedir justicia. ¡Prohibido olvidar! fue su lema de lucha.
rmh/ga
*Corresponsal de Prensa Latina en Panamá
