En rueda de prensa, miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) se refirieron al escándalo esta semana por la filtración de un video de junio de 2017.
Dicho material muestra al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hablando sobre la creación de una gestapo (policía secreta oficial de la Alemania nazi) para acabar con varios gremios.
El secretario general de la CTA y diputado, Hugo Yasky, subrayó que llevarán ante la Justicia nacional el reclamo y exigió actuar de forma inmediata.
Acompañado por Pablo Moyano, del triunvirato de la CGT, Yasky expresó su rechazo al video, en el que se escucha claramente a Villegas con la intención de armar «una gestapo».
Además, calificó como un hecho de total estupor las expresiones del exfuncionario de la gestión de la ahora diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal, una de los delfines de Macri.
Se trató de un plan, de un operativo para perseguir dirigentes sindicales, resaltó Yasky tras remarcar que está claro que hubo un programa sistemático para quitarle los derechos a los trabajadores.
Por su parte, Moyano responsabilizó a Macri y Vidal por armar un plan que «no fue contra dos o tres dirigentes, sino que tenía como objetivo destruir el movimiento obrero».
“Si yo pudiera tener una gestapo, lo haría”, se escucha al exministro de Trabajo bonaerense, quien confirmaba así la voluntad política de armar causas para perseguir a adversarios sindicales en un encuentro en el cual estaban presentes empresarios de la construcción y funcionarios de la provincia y de los municipios de ese territorio.
En un hilo de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, cuestionó hace pocos días la falta de reacción del Poder Judicial ante las evidencias y enumeró a cada uno de los integrantes que estuvieron en la reunión con Villegas en aquel entonces.
La vicemandataria se preguntó qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, “más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.
El presidente Alberto Fernández instruyó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, para presentar ante la justicia una denuncia a fin de investigar la posible comisión de delitos.
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