Dicha legislación fue adoptada originalmente en diciembre de 2020 en la Cámara de Representantes por una mayoría integrada por Cabildo Abierto (CA), Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente.
Entonces el mandatario Luis Lacalle Pou amenazó con vetarla en caso de recibir en el Senado la sanción favorable, lo que ocurrió en fecha más reciente.
Por iniciativa de CA, el proyecto abriga el objetivo de regular la expansión de tierras dedicadas a forestales en detrimento de otros renglones agropecuarios.
Durante el debate asambleario, el diputado del Frente Alfredo Fratti expuso que vetar la ley forestal aprobada es optar entre el interés general de la mayoría de los uruguayos o el interés particular de un grupo forestal productor de madera, destinadas a tres plantas celulosas ya instaladas en el país.
Señaló que entre los grupos perjudicados está “el eslabón más débil de la ganadería: los productores ganaderos, criadores del Uruguay profundo y que pertenecen al principal grupo productivo familiar”.
Por su parte, el senador cabildante Guillermo Domenech criticó que la anulación del proyecto de ley deja inerme a una cantidad enorme de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras en situación de privilegio que gozan de exenciones fiscales.
Al final, 16 senadores y 53 diputados, 69 legisladores en total, votaron afirmativamente por levantar el veto presidencial, pero necesitaban 78, esto es tres quintas partes del quorum.
gas/hr
