Según el Ministerio de Salud, el incremento de las infecciones responde en buena medida a la circulación comunitaria en la provincia de Luanda de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfermedad.
El más reciente parte institucional confirmó el diagnóstico en 24 horas de otros mil 396 casos positivos, de los cuales mil 96 corresponden a personas residentes en Luanda.
Debido a la situación epidemiológica, fue pospuesta la tradicional carrera peatonal San Silvestre, que cada 31 de diciembre invita a miles de angoleños y extranjeros a recorrer unos 10 kilómetros por céntricas avenidas de esta capital.
En declaraciones a la televisión, el ministro de Estado y jefe de la Casa Militar del presidente de la República, Francisco Furtado, insistió en la importancia de continuar avanzando en la vacunación masiva de la población a fin de reducir las infecciones y el número de muertos por la pandemia.
Sin basamento científico alguno, están circulando por las redes sociales mensajes adversos sobre el uso de las vacunas, denunció el también coordinador de la comisión multisectorial de prevención y combate a la Covid-19.
El Ejecutivo combatirá la desinformación y aplicará las medidas correspondientes a las instituciones promotoras de la negatividad, indicó el funcionario, quien lamentó la postura de algunas entidades religiosas que cuestionan la efectividad y la seguridad de las vacunas.
Por decreto presidencial, el pasado 24 de diciembre Angola puso en vigor restricciones adicionales para contener la pandemia, lo que incluye la reducción de la fuerza de trabajo presencial en establecimientos públicos y privados.
Asimismo, las personas mayores de 60 años de edad, los pacientes que presentan riesgos por comorbilidad, las mujeres embarazadas y las madres con hijos menores de 12 años, quedaron exentos de acudir a sus centros laborales y pueden acogerse al teletrabajo.
El Gobierno estableció la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación antiCovid-19 o una prueba negativa realizada con 48 horas de antelación, para el acceso a servicios públicos y privados, mientras las reuniones familiares en los hogares fueron limitadas a un máximo de 15 participantes.
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