El controversial decreto anunciado la víspera sobre el incremento del salario mínimo que regirá para dos años, pero solo en sectores con recuperación económica, trajo de forma temprana el rechazo de organizaciones sindicales.
En la red social Twitter, la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) rechazó la medida y recordó que en Panamá siguen existiendo 52 salarios mínimos. “Este gobierno hizo que de 37 se subiera a 52, es decir, 15 más, todo eso en detrimento de la clase trabajadora, en consecuencia más desigualdad y precariedad. Y los precios de primera necesidad siguen aumentando”, indicó Conusi en su mensaje.
Para otros, como el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, José Ramón Icaza, la tarea más efectiva ahora es el capital humano, para darle oportunidades a los más de cuatro millones de habitantes en el Istmo. En ese sentido recuerda la responsabilidad del Estado en dotar a la población de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, al tiempo de promover otras iniciativas de aprendizaje.
Al respecto, señala que el primer paso en esa dirección es el retorno a clases, de manera presencial, el próximo 7 de marzo; aunque significa que lo más importante es mantener el curso lectivo.
El directivo convocó además al Gobierno a no engavetar unos 187 acuerdos nacionales y más de mil regionales suscritos en 2021 en el llamado Pacto del Bicentenario, luego de una consulta que recibió centenares de reclamos de acceso por igual a bienes, empleo, vivienda, educación y salud, entre otros.
No menos importante, opinó, es rescatar la imagen de país, una marca de connotación positiva, pero para ello es imprescindible salir de las llamadas listas grises de entidades financieras internacionales y devolver la confianza en la nación canalera para mayores inversiones.
Para otros, es prioritario devolver transparencia al sistema judicial, y acabar con la impunidad que enrarece procesos contra delitos como la corrupción, el narcotráfico o la escalada de violencia.
La gestión del Procurador General interino, Javier Carballo, por loable que sea, pone hoy otra vez en jaque a la justicia panameña, señalan analistas.
Para entendidos se trata de una falta de compromiso con la independencia judicial y señalan nuevas presiones políticas que tienden a diluir casos y generan mayor impunidad a ese sistema y al necesario enfrentamiento a otros flagelos como la migración irregular o el crimen organizado.
Al respecto, el presidente de los abogados panameños, Juan Carlos Araúz, se pronunció acerca de la figura del Procurador y dijo que “ningún actor de esa naturaleza puede funcionar como un interino. No por él, sino por el Estado de derecho, una tarea pendiente del Ejecutivo”, señaló.
En Panamá todavía no han sido sancionados los responsables de abusos a niños y adolescentes en casas de tránsito, denunciados a inicios del pasado año, hecho que estremecieron al país; y aún se cuestiona el veredicto de tres juezas que absolvió al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de los cargos por espionaje telefónico.
Para el secretario general del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, la Covid-19 desnudó esas y otras desigualdades sociales en el país, al tiempo que auguró un golpe de timón del Ejecutivo si la voluntad es acabar con ellas.
González refirió a falencias que destapó la pandemia en los servicios públicos, sobre todo educación y salud.
En ese sentido rechazó el manejo ineficiente de la economía y políticas públicas de un modelo neoliberal que acentúa la inequidad y está siendo revisado en toda la región.
No tenemos un Estado robusto, transparente; y hoy la deuda pública ronda los 40 mil millones de dólares, lo cual evidencia un mal manejo de las macrofinanzas, remarcó.
Hacia una segunda etapa del actual mandato del presidente de la República, Laurentino Cortizo(2019-2024), dijo, es necesario hacer los cambios necesarios, incluida la restructuración del gabinete con figuras de mayor jerarquía política.
En todo ese entorno, el politólogo Richard Morales, llamó a observar el creciente panorama electoral que se vislumbra de cara a los comicios generales de 2024.
“La ambición por seguir en el poder llevará a cada fracción a buscar la forma de ganar en 2024, sea aliándose y negociando con quien sea necesario”, aseguró.
Y como colofón del escenario actual sobresale, entre otros momentos, diálogos nacionales sin los resultados esperados como el de la Caja de Seguro Social y un programa sobre prestaciones por jubilación enfermedad o muerte; o los eternos planes de la lucha contra el desempleo o la pobreza.
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