Tras el anuncio del Ejecutivo de los nuevos salarios que regirán por dos años, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) calificó la medida de burla e insuficiente ante los altos costos de la vida.
El secretario general de la organización, Marco Andrade, anunció para mañana una conferencia de prensa para dirigirse al país y manifestar el rechazo a esa medida que solo contempla a algunos sectores.
Sin embargo, deja a la mayoría de los trabajadores y a sus familiares sin protección ante el alza de los precios de artículos de primera necesidad.
Estadísticas oficiales señalan que en el Istmo en noviembre último, la inflación acumulada llegó a 1,5 por ciento, mientras que el crecimiento interanual se situó en el 3,4 por ciento. En Panamá existen cerca de 40 salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la región del país, pero la ley establece que deben ser ajustados cada dos años, tras un consenso de empleadores y trabajadores, algo que en 2021 no ocurrió -como es lo tradicional- por lo que el Ejecutivo asumió la decisión.
De otra parte, autoridades sanitarias pronosticaron un repunte de contagios y enfermos de la Covid-19 para finales de este mes y febrero, debido a la llegada de la variante Ómicron del SARS-CoV-2.
El asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19, Eduardo Ortega, explicó que el cálculo tuvo en cuenta el auge de contagios y si el tiempo de duplicación es consistente, el incremento será exponencial las próximas semanas.
Por ejemplo, el 25 de diciembre en Panamá se reportaron 827 casos de la Covid-19, pero cinco días después, se duplicó el número de infectados a dos mil 664.
“Nos faltan un par de semanas más para saber el impacto de esta nueva variante. Ómicron se sentirá en las próximas dos o cuatro semanas”, dijo.
Al respecto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, invitó a la población que no ha completado su esquema de vacunación a que acuda de forma voluntaria a los más de 100 puestos que tiene la Operación PanavaC-19.
Esta semana también el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó medidas cautelares de detención preventiva para 52 personas arrestadas por nexos con la banda criminal colombiana El Clan del Golfo.
Tras 10 días de audiencia, el órgano judicial estimó que existen riesgos de desatención al proceso, destrucción de pruebas y peligro para la comunidad en el caso de los detenidos durante la Operación Fisher, del pasado 1 de diciembre.
El Clan del Golfo controla la producción de unas 300 toneladas de cocaína, con destino a Estados Unidos y Europa, un tercio de la cual proviene de Colombia y su red llega a 28 países.
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