“La desigualdad es un mal social que nos toca combatir a todos y es aún más latente cuando se trata de los menores, pues ningún niño debe sufrir necesidades físicas, sociales y emocionales por vivir bajo los estándares de la pobreza”, sostuvo.
El dirigente boricua añadió que siempre procura dar paso a iniciativas que aporten a la niñez y sus familias, pues “como gobierno debemos asegurarnos de que tengan las herramientas necesarias para un crecimiento saludable y productivo”.
Una medida legislativa de la senadora Elizabeth Rosa-Vélez, del Partido Popular Democrático (PPD), convierte a Puerto Rico en uno de los pocos lugares bajo el poder imperial de Estados Unidos que establece un plan concreto para atender en 10 años la pobreza infantil.
Al sancionar con su firma el proyecto, Pierluisi da paso a la Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, que establece dicha meta.
Esta firma demuestra un consenso entre el Ejecutivo, la Rama Legislativa y el pueblo sobre la urgencia de atender este mal social, según Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo costo estimado es de 4,4 millones de dólares al año.
La situación actual tiene graves consecuencias en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, que sobreviven en condiciones de pobreza en esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Washington desde hace 126 años.
La directora de abogacía del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Carmen Isaura Rodríguez, expresó en este sentido que esta legislación es una herramienta para encaminar los esfuerzos multisectoriales para reducir la pobreza infantil y demostrarle al pueblo que un futuro sin ese flagelo es posible.
Además, la ley da continuidad a las funciones de la Comisión Asesora sobre la Pobreza creada mediante decreto, que incluye metas intermedias para garantizar el cumplimiento y promover la rendición de cuentas.
Bajo la dominación colonial de Estados Unidos, más de la mitad de la población puertorriqueña no consigue salir de la pobreza, situación que tampoco alivia la emigración estimulada como política pública.
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