Lima declaró a Bolivia TV que sectores de la población opuestos a la inmunización asumieron acciones judiciales contra las medidas aplicadas por el Gobierno mediante los decretos supremos 4640 y 4641 para contener la pandemia.
Aclaró que tales decretos expresan el deber de preservar la salud de todos los ciudadanos y a quien no desee vacunarse se le plantea la alternativa de presentar una prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa) negativa al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
El titular boliviano de Justicia explicó que, con la aprobación del Decreto Supremo 4640, el Gobierno estableció la vigencia de medidas de bioseguridad y prevención de cumplimiento obligatorio hasta junio de 2022 en el marco de la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el 4641 establece la implementación del carné de vacunación en todo el territorio nacional como el documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes para acreditar que una persona fue inmunizada, precisó Lima.
Agregó que la norma regula, además, el registro, certificación y verificación de la autenticidad de los resultados de laboratorio para diagnóstico de Covid-19, como es el caso de la prueba PCR en tiempo real, reportó la agencia ABI.
“Acá estamos garantizando el bienestar colectivo. No hay vacunación obligatoria”, aseveró Lima.
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