Acusados de violación sexual entre 1981 y 1985 en el marco del conflicto armado interno, el caso está a cargo de la jueza Yassmin Barrios en el Tribunal de Mayor Riesgo A, luego de un largo camino para que creyeran en sus testimonios.
En las afueras del Tribunal, el grupo de mujeres mayas recordó que la apertura del juicio da una esperanza a su lucha y la de otras compañeras víctimas de los crímenes cometidos en el pasado, la única forma de sanar las heridas y construir esa paz tan necesaria.
«Ellas están convencidas de que la justicia es una para todas, que hay compañeras que han abierto el camino e iniciarán esta etapa con la frente en alto hasta alcanzar la justicia. Esperamos que prevalezca la verdad y sea un precedente para las nuevas generaciones», reza una declaración de principios divulgada durante la ceremonia.
Por tratarse de los mismos delitos y existir prueba común en contra de los cinco expatrulleros, el tribunal acumuló las acusaciones presentadas por el Ministerio Público para tramitar un solo debate oral.
Los implicados son Benvenuto y Bernardo Ruiz, así como Damián, Gabriel y Francisco Cuxum, en tanto otros tres siguen en libertad porque la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto el recurso de casación relacionado con la decisión de la jueza Claudette Domínguez de dejarlos en libertad en junio de 2019.
Durante el debate serán reproducidos los testimonios de varias víctimas que declararon en anticipo de prueba, además de testigos directos de los hechos.
Asimismo, comparecerán varios peritos para abordar temas como la política contrainsurgente implementada por el Ejército a inicios de la década de los 80 del pasado siglo, la organización de las PAC, la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en contra de las mujeres y el derecho internacional aplicable a los delitos cometidos en contextos de conflicto armado.
Pese a las dificultades en este largo proceso, pues en un principio no creyeron en la palabra de las indígenas de Rabinal, Baja Verapaz, el juez de Mayor Riesgo B Miguel Ángel Gálvez impuso un nuevo giro en marzo de 2021, cuando decidió que había suficientes elementos para abrir juicio.
En 2011, Paulina Ixpatá y otras 35 mujeres sobrevivientes de violencia sexual decidieron romper el silencio y con el apoyo de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal denunciaron ante el Ministerio Público los crímenes que sufrieron en los años ochenta.
Ahora no pierde las esperanzas y su mayor deseo es que «con la lucha, junto con otras mujeres, logremos que se haga justicia y que nada quede en el silencio».
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