La Defensoría del Pueblo aseguró que acompaña a la población en estas manifestaciones y también atiende la situación de personas en desplazamiento forzado que temen resultar afectadas por las acciones de los grupos armados.
De acuerdo con la entidad varias familias de distintos municipios de Arauca, específicamente en la subregión del Sarare, conformada por Tame, Arauquita, Saravena y Fortul, salieron de sus casas y sus comunidades en busca de refugio ante los hechos violentos del fin de semana.
Desde el pasado día 2 exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que abandonaron el proceso de paz y miembros del Ejército de Liberación Nacional se enfrentan en varios municipios de Arauca, según versiones por la disputa del territorio en el cual operan.
El Partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz, instó a poner fin a esos enfrentamientos que afectan a la población civil al tiempo que alertó sobre el abandono de ese departamento fronterizo con Venezuela por parte del Estado.
Aseguró en un comunicado la importancia de aplicar de forma integral el Acuerdo de Paz, particularmente en esa región del país para evitar hechos como estos.
En tanto el Partido Comunista Colombiano llamó al Gobierno a no responsabilizar a la vecina nación de lo que ahí sucede y actuar en función de una solución pacífica del conflicto.
Por su parte, monseñor Jaime Abril manifestó su preocupación por esos hechos que agudizan la crisis humanitaria y social que por décadas ha vivido esa zona fronteriza.
El prelado llamó al diálogo como camino para superar las dificultades y aseguró que la Iglesia católica en Arauca, «fiel a sus principios evangélicos, estará siempre dispuesta a colaborar en todo lo que corresponda y sea necesario, con el fin de aportar lo mejor a la superación de los graves hechos actuales y, en general, a la reconciliación y la paz».
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, los combates comenzaron el pasado día 2 y al menos hasta el mediodía de ayer, persistían.
«Las comunidades están en un estado de zozobra e intimidación. Nosotros, a través de la Defensoría delegada para la Movilidad Humana, llegamos al territorio, estamos escuchando todas las situaciones de riesgo», afirmó.
Aseguró que hay confinamiento, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas permanentes a la población.
Aunque dijo que compartía el aumento del pie de fuerza militar anunciado por el Gobierno para la región, enfatizó que también era necesaria la inversión social.
«Llevar brigadas de salud, acompañamiento a las comunidades, fortalecer el tejido social», es necesario para la calidad de vida de esa población, aseguró.
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