Señaló en tal sentido que Perú está en los ojos de Latinoamérica porque es evidente que hay un rechazo de fuerzas tradicionales y medios de prensa afines, al gobierno de Castillo, por ser de izquierda.
El vocero de la bancada del partido gobernante, Perú Libre, agregó que hay presión mediática contra el Gobierno, a la cual la Fiscalía responde como si las versiones de prensa de posibles casos de corrupción fueran evidencias.
Demandó en tal sentido que los fiscales realizan las investigaciones en reserva, conforma a ley, y sin filtrar sus hipótesis o declaraciones parciales de involucrados, para perjudicarlos, sin respeto al principio de presunción de inocencia.
En ese contexto, rechazó presiones para revertir la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de congelar una investigación al mandatario hasta el final de su mandato, en 2026, en razón de la protección constitucional a la investidura de los jefes de Estado.
Su posición la comparten juristas inclusive críticos del Gobierno, como José Ugaz e Iván Lanegra, quienes señalaron que solo se puede acusar e investigar a un presidente, por delitos específicos de extrema gravedad, que no han sido imputados a Castillo.
La indagación al mandatario abierta por Ávalos está referida a la posibilidad de delitos de tráfico de influencia y colusión, en dos contratos irregularmente favorables a empresas privadas y supuestas presiones por ascensos militares.
Cerrón criticó también al defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, quien coincidió con las fuerzas de oposición y la mayoría de la prensa, en demandar que la fiscal cambie lo resuelto e investigue a Castillo, contra la jurisprundencia sentada en un casio similar.
Manifestó que Gutiérrez excede sus facultades constitucionales, las cuales indican que debe defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona frente a eventuales abusos del Estado.
El defensor mantuvo silencio durante la reciente protesta de campesinos contra una empresa minera y otros casos de afectación de derechos sociales, “pero cuando se trata de un presidente de izquierda, ahí sí hay que echarle fuego”, expresó Cerrón.
De otro lado, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó el pedido del abogado de Castillo, Eduardo Pachas, de destituir a procurador general del Estado, Daniel Soria, a quien acusó de burlarse del presidente cuando este declaraba ante la fiscalía.
Soria pidió a la fiscal de la Nación que investigue a Castillo y se ha sumado a la campaña contra la decisión de Ávalos, y, según Torres, la petición tenía fallas, por lo que se revisará el expediente de su nombramiento, hace dos años.
El parlamentario oficialista Álex Paredes declaró que Soria fue designado procurador sin cumplir el requisito básico de haber litigado a favor del Estado durante dos años, ante lo cual Soria alegó que nadie lo ha cuestionado antes por ello.
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