Un estimado de 37 mil hectáreas fueron pastos de las llamas, sin extinción hasta la fecha, por el considerado siniestro más grande de este tipo en el país en los colindantes departamentos de Río Negro y Paysandú.
El actual presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, coordinó una cita a comparecer a cuatro ministros para explicar las causas, acciones, decisiones, problemas y cómo asistir a las personas perjudicadas.
Pero el diputado del oficialista Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, se adelantó a cuestionar por insuficientes medidas del gobierno como exonerar a damnificados de dos meses de pagos a las empresas distribuidoras de electricidad y de agua, lo que calificó de “tomadura de pelo” para “gente que perdió prácticamente todo”.
El desastre puso en evidencia transgresiones de propietarios de forestales para la industria pastera que extendieran sus campos hasta solo 50 metros de caseríos, cuando la ley establece 500 metros.
Por otra parte, Uruguay registró el viernes seis mil 104 nuevos casos positivos de Covid-19, la mayor cifra diaria en el recorrido de la pandemia aquí desde marzo de 2020, con pronósticos de semanas adversas por delante.
Al cierre de la semana sumaban 22 mil 548 los enfermos activos, con 33 de ellos en salas de cuidados críticos y cinco fallecidos en medio de una circulación comunitaria de la variante Ómicron del virus SARS CoV2.
En lo político destacó la afirmación del presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira de que crece el voto por el sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para el venidero referendo.
“Por algo están nerviosos”, dijo sobre la coalición gobernante de derecha en campaña por mantener intacta una cuestionada legislación adoptada en el parlamento por ceñida mayoría de cinco partidos asociados.
A este respecto e secretario general del Sindicato uruguayo de Construcción (Sunca), Daniel Diverio, estimó que las 800 mil rúbricas recopiladas para habilitar la consulta popular frenaron “la aplanadora neoliberal aplicada en 2020 por el actual gobierno».
La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) de Uruguay denunció que la multinacional Marfrig premió monetariamente a trabajadores que no se sumaron a paros por reivindicaciones salariales, lo que calificó de medida “netamente antisindical”.
A su vez, la gremial de comunicaciones presentó ante la justicia un reclamo para detener la decisión gubernamental de aplicar la portabilidad numérica de telefonía celular que causará pérdidas millonarias a la empresa pública Antel para favorecer la competencia privada.
msm/hr
