Para el Gobierno es muy importante destacar la alta responsabilidad de la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, que asumió una decisión en ese sentido, declaró el titular del sector, Franklin Molina.
Esa entidad denegó un Amparo Constitucional presentado contra la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional, que dejó sin efecto una sentencia contra Petrobras Bolivia S.A. a pagar 61 millones de dólares.
La cancelación de la multa por el uso de propiedad agraria en el Campo San Alberto del Gran Chaco evidenció la seguridad para las inversiones externas, sobre todo en el sector de hidrocarburos, expresó el Ministro.
El citado yacimiento de gas y petróleo entró en producción el año 2000, operado por Petrobras Bolivia S.A. y, como socios, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB-Andina) y la empresa Total Energies.
Molina explicó que su despacho realiza un seguimiento permanente del caso, mediante abogados de su ministerio y de YPFB, por las implicaciones económicas que tiene, y por ser una operación petrolera donde la empresa estatal es socia.
mem/apb
