Los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11), Ollanta Humala (2011-16), Pedro Pablo Kuczynski (2016-18) y Martín Vizcarra (2018-20) fueron objeto de diversas denuncias penales.
En los cinco primeros casos, las denuncias fueron desestimadas por el Ministerio Público, debido a que el artículo 117 de la constitución neoliberal vigente estableció que un mandatario no puede ser acusado, salvo por causas muy acotadas.
Esos motivos son: traición a la patria, cierre inconstitucional del Congreso de la República o impedimento de las elecciones o del funcionamiento del Legislativo o el Jurado Nacional de Elecciones, precisa la carta magna.
En 2008, el entonces presidente Alan García fue acusado de corrupción pero la fiscal de la Nación de entonces, Glayds Echaíz, invocó el artículo 117 de la constitución para rechazar la denuncia.
El dictamen de la fiscal agregó que el objetivo del artículo 117 es “asegurar la continuidad y el correcto ejercicio de la función presidencial” y el mismo criterio aplicó a otra denuncia presentada en 2012.
En la mayoría de los casos las denuncias quedaron en el olvido y en otros hubo que esperar el fin del mandato del gobernante denunciado y en 2016 se anuló por los mismos criterios dos denuncias por supuesta corrupción contra el presidente Ollanta Humala.
En el último caso, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dictaminó que “Nuestro sistema de gobierno otorga al presidente, al ser elegido con el voto popular, una legitimidad que, en la práctica, le otorga inmunidad absoluta en el ejercicio del poder”.
En 2020, la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, optó por el mismo camino, aunque, para que las denuncias no queden en el olvido, y puedan investigarse, abrió una pesquisa pero suspendió la misma hasta el fin del mandato de Vizcarra y el mismo criterio aplicó a las denuncias contra Castillo.
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