La Comisión de Justicia y Estructura del Estado es la encargada de la revisión del borrador de la propuesta legal, presentada por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que dispuso a esa institución preparar el texto.
Según aseveró el presidente del equipo legislativo, Alejandro Jaramillo, la mesa mantiene las puertas abiertas para escuchar las sugerencias de diversos sectores y crear un documento con un enfoque de derechos en beneficio de la gente.
Al respecto, recordó que la comisión recibió aportes de médicos y otros profesionales de la salud, especialistas, expertos nacionales y extranjeros, y constitucionalistas, quienes presentaron sus observaciones, además de las de los legisladores.
De acuerdo con lo establecido, la ley tendrá como objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación, sin discriminación a su dignidad, autonomía y al pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Entre los avances consta que el tema relacionado con la temporalidad, sobre lo cual los asambleístas aprobaron por mayoría no fijar plazos para el aborto en niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad hasta los 18 años y de 28 semanas en el caso de las mayores de esa edad.
Además, se aprobaron las normas relacionadas con las reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria y las personas que conforman el personal de salud y sus deberes, entre ellas, médicos, parteras, enfermeros ginecólogos, obstetras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y anestesistas.
El mecanismo se aplicará en todo el territorio nacional y será de observancia y aplicación por parte de las personas y servicios, operadores de salud, servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud y del dedicado a prevenir la violencia contra las mujeres.
Los fines incluyen garantizar la dignidad de la persona que desee interrumpir el embarazo en caso de violación y establecer los lineamientos necesarios para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria.
El proyecto se regirá por los principios de confidencialidad, igualdad y no discriminación, equidad, gratuidad, progresividad y no regresividad, autonomía, beneficencia, no maleficencia y tendrá un enfoque de derechos humanos, género, intergeneracional, movilidad humana, interculturalidad, de discapacidad e interseccionalidad.
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