El análisis le corresponde a la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento.
Según informó el equipo legislativo en un boletín de prensa, la propuesta fue tramitada con el más alto sentido de responsabilidad y en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las normas que rigen a la primera función del Estado.
La mesa insistió en que realizó hasta la fecha un trabajo de síntesis y profundo análisis en el marco de la construcción del informe para el segundo debate de la iniciativa.
Incluso, aclaró, laboró durante el reciente receso legislativo en la revisión de todos los aportes de los asambleístas, organizaciones, colectivos, expertos, docentes, abogados y médicos tanto a nivel nacional como internacional.
El borrador de dicho informe se remitió a los despachos de los asambleístas que integran la Comisión con la recomendación de entregar cualquier observación hasta el pasado miércoles 5 de enero .
No obstante, ante la llegada de otros criterios decidieron reorganizar algunas fechas del cronograma planteado y en ese sentido convocaron a la sesión de esta jornada.
El proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo en caso de violación es resultante de un dictamen de la Corte Constitucional emitido en abril pasado.
Este determinó inconstitucional un artículo del Código Orgánico Integral Penal, el cual penalizaba el aborto en esos casos y solo lo permitía si el delito ocurrió a mujeres con discapacidad mental.
La propuesta tiene el objetivo de garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes a la interrupción legal y voluntaria de su gestación si es producto de violencia sexual, con garantías de su dignidad, autonomía, en ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.
Asimismo, dispone que será de observancia y cumplimiento por toda persona ecuatoriana y extranjera residente en este país.
Además, será de aplicación obligatoria de las operadoras de salud y por los servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud, entre otras instancias a cargo de erradicar la violencia contra las mujeres.
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