La iniciativa fue reclamada por diputados, autoridades nacionales e internacionales, luego de denuncias sobre abusos a menores en casas de tránsito, que suscitaron protestas sociales a inicios de 2021.
Debido al auge de nuevos casos de la pandemia de Covid-19 en este país, incluidos diputados y funcionarios del Legislativo, la sesión plenaria se realizará de manera virtual, precisó esa fuente.
El proyecto, que pasó el segundo debate de forma unánime, establece la protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes y permite transitar de un régimen tutelar a uno de derechos humanos, donde se pone en el centro a esa población vulnerable.
También entre sus objetivos sobresale que la salud, educación y seguridad, entre otras atenciones, estarán supervisadas por más de 15 entidades públicas, lideradas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con la contribución de la sociedad y del sector privado.
La primera vicepresidenta del Parlamento, Kayra Harding, señaló que el instrumento jurídico saldará una deuda histórica de más de 10 años, de manera que se garantice protección integral a niños en los sectores más vulnerables.
“Hay que legislar por estos niños y que le caiga todo el peso de la ley a las personas que abusan de su inocencia”, afirmó.
En el documento se delega al Estado y la sociedad la responsabilidad de establecer centros de desarrollo en los lugares de trabajo, como una manera de preservar las buenas condiciones de los menores.
Además, otorga el derecho a cualquier persona con conocimiento de explotación económica o laboral de infantes a denunciar ante las autoridades competentes, sin que sea necesaria su identificación.
En otra parte prohíbe la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, suministro, distribución o cualquier forma de comercialización a niños de armas, bebidas alcohólicas, tabaco, fármacos y otros productos.
Establece, por otro lado, el acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad, la básica general, media oficial y una orientación sobre formación profesional y vocacional.
En febrero último una subcomisión del Legislativo presentó un informe sobre abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues bajo supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El caso provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, encargados de proteger a los niños que acogen esas instituciones, quienes provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
A raíz del incidente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al Gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
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