La organización Abogados por una Sociedad Democrática celebró una mesa redonda con grupos cívicos en la que abordó las recientes denuncias de vigilancia de las comunicaciones e intromisión en las libertades civiles.
No es la primera vez que la Oficina, que tiene menos de un año de creada, enfrenta acusaciones de abusar de sus habilidades de espionaje para obtener acceso a las actividades telefónicas de periodistas, políticos y ciudadanos privados.
Varios periodistas reconocidos y figuras políticas de la oposición, como el alcalde de Seúl, Oh Se-hun, y el principal candidato presidencial del Partido del Poder Popular, Yoon Suk-yeol, afirmaron que la entidad recopila sus registros de comunicación.
Según esas sospechas, se cree que la Oficina obtuvo registros de llamadas y mensajes de texto de al menos 332 personas, incluidos 176 reporteros y 91 legisladores de la oposición.
Los medios de prensa cuyos trabajadores supuestamente fueron rastreados son en su mayoría de tendencia conservadora.
El jefe de la agencia, Kim Jin-wook, quien fue designado para el cargo por el presidente Moon Jae-in, admitió haber accedido a datos telefónicos de legisladores, pero negó que se tratara de una «vigilancia indiscriminada».
No obstante, el grupo de abogados dijo que tales actividades «constituyen violaciones de los derechos fundamentales a la privacidad».
Los letrados agregaron que el monitoreo de conversaciones telefónicas privadas ha sido un problema recurrente en este país durante al menos la última década gracias a la falta de un marco legal para desafiar tales prácticas.
En ese sentido, recordaron que fueron fallidos los intentos de proyectos de ley presentados para enmendar las normas relacionadas con los secretos de comunicación.
Técnicamente, en la actualidad los organismos gubernamentales pueden acceder a estos registros sin una orden judicial.
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