El instrumento jurídico, sancionado la víspera en la Asamblea Nacional(Parlamento), era una de las asignaturas pendientes, sobre todo a partir de denuncias a inicios del pasado año de abusos sexuales contra infantes en casas de tránsito, que destaparon protestas sociales.
De acuerdo con la primera vicepresidenta del Legislativo, Kayra Harding, esta iniciativa fue valorada ampliamente en la subcomisiones de la Mujer, la Niñez y la Familia.
«Se recogieron todas las opiniones, conscientes de que es inaceptable que nuestra niñez no tenga esa protección que tenemos que brindarle», señaló.
A juicio de la diputada Corina Cano es innegable que el país tenga una deuda con la niñez y la adolescencia por varias décadas.
«Esta propuesta es diferente, y no es producto de una consultoría externa costosa de organismos internacionales que desconocen la idiosincrasia de los panameños», destacó.
El proyecto, opinó, no solo enumera los derechos de la niñez y la adolescencia sino que los desarrolla, y se establece en general quiénes deben garantizarlos.
«A cada institución rectora se le establecen competencias, funciones y responsabilidades», indicó.
Para la legisladora Walkiria Chandler, de esta manera se ofrecerá una protección digna para los infantes y llamó a que una vez sancionado por el Ejecutivo el proyecto se cumpla y no quede solo en letras.
La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia; Zulay Rodríguez, precisó al diario La Estrella de Panamá que se de una ley integral que define responsabilidades de las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social y también de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia.
La nueva herramienta jurídica establece la protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes panameños y permite transitar de un régimen tutelar a un régimen de derechos humanos, donde se pone en el centro a esta población vulnerable.
En el documento, entre otro de sus capítulos, se delega al Estado y la sociedad la responsabilidad de establecer centros de desarrollo en los lugares de trabajo, como una manera de preservar las buenas condiciones de los menores.
Además, otorga el derecho a cualquier persona con conocimiento de explotación económica o laboral de infantes a denunciar ante las autoridades competentes, sin que sea necesaria su identificación.
También permite el acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad, la básica general, media oficial y una orientación sobre formación profesional y vocacional.
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