Entre las demandas resalta la derogación de la Ley de Zona de Empleo y Desarrollo Económico, la creación de un Ministerio para los Pueblos Indígenas y Negros, la anulación de la Ley de Secretos y el Código Penal y la investigación de los líderes garífunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz y Tela Atlántica.
También, la aplicación de la justicia a los autores intelectuales del asesinato contra la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres y la supresión de las concesiones para la explotación minera, energética de los bosques y de cualquier disposición que represente el despojo de los territorios ancestrales.
Otra de las solicitudes es el impulso a la ley de consulta previa libre e informada, con el consentimiento de los representantes de esas colectividades, el desarrollo de programas de generación de energías hidroeléctricas comunitarias y la democratización de los medios de difusión masiva.
Igualmente, exigieron proyectos de participación económica y política para las mujeres, la creación de estrategias para eliminar la violencia doméstica y la discriminación de manera general y el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de las Etnias y el Patrimonio Cultural.
Los movimientos sociales reclamaron la reforma a la Ley Electoral, la ejecución de programas de desarrollo comunitario, la garantía de la seguridad alimentaria, una gestión de gobierno con pertinencia e identidad y el reconocimiento de un estado pluricultural, multilingüe y pluriétnico.
Datos oficiales revelan que en Honduras alrededor del 20 por ciento de la población nacional pertenece a nueve pueblos indígenas y negros, ubicados en 16 de los 18 departamentos y en 144 municipios de la nación centroamericana.
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