El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien encabezó la resistencia de la institución para retardar o suspender el plebiscito convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que con esa solicitud cumple la ruta marcada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Esa instancia federal ordenó al INE ajustar el presupuesto del organismo de manera que se liberaron 64,46 millones de pesos adicionales, poco más de tres millones de dólares, para la consulta.
Con ello la bolsa de recursos disponibles para realizar la inminente revocación de mandato fijada por el 10 de abril, aumentará a mil 567 millones de pesos pero aún así considera que no les alcanza para realizar la encuesta.
El presidente López Obrador anunció a principios de año que le presentaría a Córdova un plan de austeridad republicana para reajustar el presupuesto que a pesar de los recortes estima todavía muy alto.
El mandatario aclaró que el plan no puede ser vinculante (obligatorio) por el INE es una institución autónoma, y confesó que su deseo es transformarla radicalmente.
Adelantó en aquel momento la necesidad de transparentar los gastos del instituto empezando por los altísimos salarios de los magistrados que van desde los cinco mil a siete mil 500 dólares mensuales sin incluir viáticos, viajes, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones sociales y otros privilegios.
López Obrador pidió también investigar otros gastos suntuarios como la compra de automóviles de lujo y el mecanismo y asignaciones de contratos como los multimillonarios a imprentas para boletas y materiales electorales y las enormes cantidades de papelería y gastos de oficina.
Sin mencionar ese plan que el presidente prometió presentar esta semana antes de enfermar de Covid-19 que lo mantiene en confinamiento, Córdova propuso un “esfuerzo” para reducir el costo del ejercicio del equivalente de 191 millones de dólares a 165, es decir, apenas 26 millones menos.
El funcionario se queja del recorte casi a la mitad del presupuesto de este año y lucha por recuperarlo, pero no cede a la demanda de la mayoría del congreso a que se baje los ingresos personales y los gastos suntuarios, y se centra en que el dinero dejado de recibir afectará la calidad del plebiscito.
A pesar de ello, el Tribunal Electoral resolvió que el INE estaba en condiciones de realizar la consulta como está establecida y con sus recursos, aunque dejó abierta la posibilidad de una cooperación de Hacienda que es lo intenta lograr pero bajo sus reglas y cifras.
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