Mientras se discuten otros desafíos legales relacionados con el tema, la obligatoriedad de la inmunización solo será para empleados de hospitales e instalaciones que reciben fondos federales a través de los programas Medicare y Medicaid, dictaminó este jueves el máximo ente judicial del país.
De esa forma respondieron los magistrados a los funcionarios de 27 estados de tendencia republicana y representantes de grupos empresariales que pidieron suspender la regla del gobierno que exigía el esquema completo de dosis a empleados de compañías con más de 100 trabajadores.
De lo contrario, aquellos reticentes a las vacunas deberían someterse a pruebas diagnósticas regulares, de acuerdo con la orden federal que estaba prevista para entrar en vigor en febrero y afectaría a 80 millones de empleados de esas grandes compañías.
En un momento en que los casos de la enfermedad crecen en todo el territorio nacional, los magistrados cuestionaron el poder del ejecutivo para frenar la crisis sanitaria que ha dejado más de 830 mil muertos en esta nación norteamericana.
El gobierno de Biden defendió la regulación y argumentó que la nación se enfrenta a una pandemia que enferma y mata a miles de personas y sin la vacunación podría haber “daños innecesarios”, como hospitalizaciones y muerte.
Para seis de los nueve jueces del Supremo el Congreso debió aprobar previamente esa reglamentación.
La Casa Blanca ha dicho que los mandatos temporales salvarán vidas y fortalecerán la economía de Estados Unidos al aumentar el número de vacunados, pues actualmente solo alrededor del 60 por ciento cuenta con el esquema completo.
El martes, hubo un nuevo máximo de hospitalizaciones por Covid-19, al reportar más de 145 mil ingresos de personas contagiadas en esta nación norteamericana.
Gran parte de los que son internados no están vacunados, porque los inmunizados que recibieron su dosis de refuerzo presentan una mejor protección contra la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte, señalaron las autoridades de salud.
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