Este viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó declaró admisible dos recursos de protección, dictó una orden de no innovar y suspendió el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio, que habían sido adjudicados a las empresas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.
El tribunal de alzada acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
El emplazado Ministerio de Minería señaló que respetan la resolución del Poder Judicial, y anunció que están «analizando los antecedentes para responder conforme a las herramientas y plazos que entrega la ley».
Precisó en un comunicado “que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente».
La adjudicación dada conocer este miércoles generó críticas de parte de la oposición y activistas ambientales que denuncian que la decisión del Gobierno fue apresurada, a solo dos meses del fin del mandato del presidente Sebastián Piñera.
Al recurso de protección del gobernador de Atacama se sumó el escrito presentado el jueves por un grupo de diputados de izquierda que solicitaron a la Contraloría (ente regulador) investigar el proceso por irregularidades en los procedimientos.
Sobre el tema el presidente electo, Gabriel Boric, afirmó que los contratos son una mala noticia y aseguró que los revisará con su equipo.
Boric reiteró su idea de crear una empresa nacional del litio «que actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de las salares y con el desarrollo productivo nacional».
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