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Ley sobre la niñez y ultimátum a minera sobresalen en Panamá

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Panamá, 15 ene (Prensa Latina) La aprobación en la Asamblea Nacional (parlamento) de una ley de protección a la niñez y el ultimátum dado por el gobierno a una empresa minera de cobre, sobresalen en la semana noticiosa que concluye hoy en Panamá.
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Como un hito histórico calificaron los diputados la ley 567 sancionada en el legislativo sobre el Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

El instrumento jurídico era una de las asignaturas pendientes, sobre todo a partir de denuncias a inicios del pasado año de abusos sexuales contra infantes en casas de tránsito, que destaparon protestas sociales.

A juicio de la diputada Corina Cano, el proyecto no solo enumera los derechos de la niñez y la adolescencia, sino que los desarrolla, y establece en general quiénes deben garantizarlos.

Mientras, la legisladora Walkiria Chandler llamó a que una vez sancionada por el Ejecutivo, la ley se cumpla y no quede solo en letras.

A juicio de la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Zulay Rodríguez, este es un proyecto integral que define responsabilidades de las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social y también de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia.

En los últimos siete días, también el ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez dio un ultimátum hasta el venidero lunes a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional First Quantum Minerals LTD, de Canadá.

Martínez señaló que tras no llegar a acuerdos en negociaciones que comenzaron en septiembre del año pasado, el Ejecutivo presentó una última propuesta económica que establece el pago entre 12 y 16 por ciento en regalías y 25 por ciento en Impuesto sobre la Renta, lo que representa para el Estado ganancias superiores a los 400 millones de dólares.

El contrato actual tiene dos por ciento de regalías sobre las ventas y con este esquema se ha querido pasar a un sistema que vaya en virtud de las ganancias de la compañía y que le dé la oportunidad a Panamá de compartir esas utilidades, precisó.

Esta propuesta, precisó, asegura un pago mínimo para el Estado por parte de la empresa, de 375 millones de dólares, con independencia del precio del cobre. Esto representaría para el país más de 10 veces el promedio anual recibido entre 2019 y 2021.

La mina, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón; es la inversión privada más grande en Panamá y sus operaciones aportan un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto, así como reporta beneficios a unas 39 mil familias, a través de empleos directos e indirectos.

También en la semana, se rindieron honores a los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964, que marcó el inicio de la devolución al país del Canal interoceánico por parte de Estados Unidos.

Desde hace 58 años, Panamá recuerda a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional que llegaron de forma pacífica hasta la Escuela de Balboa, en ese enclave, para reclamar la izada de la bandera nacional, tal como había sido acordado entre las autoridades de ambos países.

Sin embargo, los jóvenes fueron atacados y la bandera que portaban fue desgarrada, lo que generó protestas en todo el país que luego de tres días de enfrentamientos entre panameños y estadounidenses, concluyeron con la muerte de 21 nacionales.

jha/ga

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