El magistrado Jorge Ramírez se pronunció en tal sentido sobre los mensajes de la fiscal Norah Córdova con epítetos y ataques anticomunistas y racistas contra el mandatario, durante la campaña electoral y tras iniciar Castillo su gobierno.
“La investigación de los actos de la Fiscal que pudieran considerarse evidencia de un sesgo, de preferencias políticas o de odio, al ciudadano Presidente, pueden y deben ser materia de investigación por los órganos competentes de su institución”, dice el dictamen del juez, que así lo comunicó al Ministerio Público.
Pese a ello, Ramírez rechazó un hábeas corpus presentado por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, de paralizar la investigación de Vásquez por sus antecedentes y el riesgo de que pretenda allanar el palacio de gobierno.
El juez dictaminó que no hay riesgo inminente de que él ordene el allanamiento de la casa de gobierno ni posibilidad práctica de que el mismo se realice, pues, al ser una sede con fuerte seguridad, sería inviable una operación de ese tipo y bastaría para impedirlo que el mandatario se niegue a tal acción.
La polémica fiscal Córdova, quien en redes públicas de Internet ha calificado a Castillo de terrorista y alega que solo reprodujo mensajes que le parecieron graciosos, como ciudadana, sin que eso afecte su labor profesional.
Sin embargo, voces diversas en la prensa y espacios políticos, su condición de activista electoral contra el actual presidente en la campaña comicial y sus mensajes posteriores, ya bajo el nuevo gobierno, la descalifican para una una investigación objetiva.
La fiscal investiga el supuesto involucramiento de Castillo en el favorecimiento de una empresa en una licitación, que ganó, de la provisión de biocombustible por 74 millones de dólares, a la empresa estatal Petroperú que, ante las acusaciones de corrupción, anuló la operación.
Petroperú convocó a un nuevo concurso, incluyendo a proveedores extranjeros excluidos en el primero, y resultó ganadora la empresa nacional que Heaven Petroleum Operators (HPO), la misma que logró la primera licitación y Petroperú pidió a la Contraloría General que audite el proceso terminado la semana pasada.
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