“La derecha, eterna perdedora frente al MAS-IPSP en elecciones nacionales, intenta dividirnos con intrigas y rumores. Hago un llamado a nuestra militancia a no prestarse a ese juego y mantener la unidad como base de la defensa del gobierno de nuestro hermano @LuchoXBolivia”, escribió el primer expresidente indígena boliviano.
Morales afirmó la víspera en declaraciones a radio Kausachun Coca que durante su mandato junto al vicepresidente Álvaro García “nunca me han condicionado, nunca me han chantajeado ni me han sugerido siquiera quién va a ser ministro”.
Con esa expresión el líder del MAS salió al paso al ambiente de pedidos de cambios de ministros surgido en vísperas del 22 de enero, aniversario de la fundación del Estado Plurinacional y fecha en que Arce debe presentar su mensaje-informe al país.
Insistió en que la atribución constitucional de cambiar o mejorar su gabinete corresponde a Arce y subrayó que se le debe dejar ejercer esa prerrogativa “aún bajo la responsabilidad de no acertar con las personas designadas”.
En las últimas dos semanas dentro del MAS y en las organizaciones sociales que lo respaldan ocurrieron pedidos públicos de una recomposición del Ejecutivo, incluso la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) solicitó la destitución de siete ministros y tres vicetitulares.
Por su parte, el Pacto de Unidad que aglutina a diversos sectores sociales demandó ayer una reunión de “evaluación” con el mandatario y el vicepresidente, David Choquehuanca, y sin la presencia de ningún jefe de cartera.
La resolución aprobada y firmada por diferentes dirigentes de instituciones populares demandó la destitución inmediata del titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien calificaron de “ministro pita de la derecha infiltrado”.
Firmantes del documento son los dirigentes representantes de los campesinos, interculturales, indígenas y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamag).
Esta demanda tiene lugar tras la renuncia de la abogada Andrea Belén Luna, dimitente de la Unidad de Gestión Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno.
Belén fue acusada de trabajar para el exjefe de esa cartera Arturo Murillo, rostro más visible de la represión durante el mandato de facto de Jeanine Áñez.
La semana pasada también fue cesado el exviceministro de Régimen Interior Nelson Cox por contratar un jurista involucrado con Murillo.
El Pacto de Unidad también demandó “modificar o subsanar” los decretos supremos 4640 y 4641, los cuales establecen protocolos de bioseguridad y el carnet de vacunación como documento oficial, ante lo cual pidieron “mayor tolerancia”.
mem/jpm
