Decenas de ciudadanos, incluidos familiares de las víctimas, obstaculizan a menudo el paso al Palacio de Justicia para apoyar al juez Tarek Bitar, a quien obstruyen su trabajo como investigador principal.
Los manifestantes portan carteles con imágenes de políticos, a los cuales acusan de proteger a corruptos, negligentes y responsables de la tragedia ocurrida el 4 de agosto de 2020.
Bitar paralizó en varias ocasiones la investigación por demandas presentadas por funcionarios para evitar su comparecencia ante la justicia.
Las querellas de los exministros del Interior Nouhad Machnouk, de Finanzas Ali Hassan Khalil y Obras Públicas Ghazi Zoaiter, son las que lentifican el proceso investigativo.
Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas advierten que las repetidas suspensiones preludian la destitución de Bitar, como resultado de la cual quedarían impunes los culpables de la catástrofe.
El anterior investigador, Fadi Sawwan, también paralizó citaciones a interrogatorios con los referidos exministros y luego lo sacaron del caso en febrero de 2021.
Organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas alegan que la interferencia política, la inmunidad de funcionarios de alto nivel y el irrespeto a celebrar un juicio justo, diluyeron la efectividad de la investigación para hacer justicia.
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