La decisión del también presidente del Consejo Soberano de Transición (CST) y comandante en jefe de las fuerzas armadas da un término de 72 horas a los miembros del comité para presentar un paquete de medidas.
El CST es la máxima instancia en el país hasta una eventual celebración de elecciones presidenciales probablemente en 2023. Sudán vive una crisis institucional desde el derrocamiento en abril de 2019 del entonces mandatario Omar al Bashir.
El movimiento de al Burhan sucede a la condena internacional por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que exigían el retorno de los militares a los cuarteles y la conformación de un gobierno civil.
De acuerdo con la versión de la agencia oficial SUNA, los miembros del comité deben proceder de los organismos regulares y de la Fiscalía, aunque no fue revelada ni la cantidad ni la relación de los participantes.
Es por lo menos la segunda ocasión, desde la asonada del 25 de octubre del año pasado, en que al Burhan se compromete a investigar la violencia.
De hecho, con el acuerdo político del 21 de noviembre de 2021 -con el que repuso al primer ministro Abdallah Hamdok (renunció hace dos semanas)- uno de los puntos era el de investigar los excesos de los uniformados.
Un sindicato independiente de médicos contabilizó hasta la víspera 71 civiles fallecidos en las protestas, algunos de ellos heridos mortalmente por proyectiles reales aunque la policía lo niega.
Los hechos de este lunes se produjeron cuatro días después, cuando el jueves elementos aún no identificados -al menos públicamente- apuñalaron al general de brigada de la policía Ali Barima Hammad, lo cual le ocasionó la muerte.
El cuerpo castrense dijo ayer que los manifestantes serán juzgados en virtud de las leyes de excepción vigentes desde el pronunciamiento militar.
La crisis institucional en Sudán, de 43,5 millones de habitantes, se agravó a comienzos de enero cuando Hamdok renunció al alegar dificultades para formar gobierno, de las cuales culpó a los militares.
La represión de este lunes coincidió con el inicio de una iniciativa de buenos oficios de la ONU para poner fin a la escalada y reencaminar la transición.
Las consultas, por separado con líderes políticos y de la sociedad civil, las realiza Volker Perthes, enviado especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres.
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