La Corte Judicial Norte es la sede de la diligencia contra el informático, quien fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto capitalino y desde entonces enfrenta un proceso que, según su equipo legal, está plagado de irregularidades.
El entonces presidente Lenín Moreno y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, impulsaron la indagación a partir de una llamada anónima, tras señalarlo públicamente como hacker, parte de un plan desestabilizador y teniendo en cuenta su relación con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a quien por esa fecha Ecuador le retiró el asilo en su embajada en Londres.
La acusación inicial contra el ciudadano sueco, radicado en esta nación sudamericana desde 2013, se basó en un supuesto ataque a la integridad de los servicios informáticos del Estado, específicamente en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, delito que después cambió por el de «acceso no consentido a un sistema».
Previo a ingresar a la audiencia de esta jornada, el abogado defensor de Bini, Carlos Soria, adelantó que presentarán más de 100 pruebas testimoniales, periciales y documentales para demostrar su inocencia.
Asimismo, insistió en que se han cometido más de un centenar de irregularidades en el debido proceso, lo cual apunta a un caso de persecución.
Detención ilegal y arbitraria, así como violaciones a sus derechos, son algunos de los problemas denunciados.
Soria también recalcó que hasta el momento la Fiscalía no ha logrado presentar ningún tipo de prueba sobre el supuesto delito y en ese contexto espera la ratificación de su inocencia.
El programador sueco estuvo preso 70 días en una cárcel capitalina, de la cual salió tras la aprobación del habeas corpus presentado por su defensa y actualmente cumple la medida cautelar de presentación periódica ante un juez.
De probarse el delito por el cual es acusado, podría enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión.
A partir de su detención, numerosos colectivos sociales y en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en respaldo al informático.
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