El coordinador de la estructura para el departamento Sudeste, Bernard Winder, alegó que la constitución vigente aprobada en 1987 no contempla que Henry tome decisiones en nombre del pueblo haitiano, especialmente cuando su nombre se vincula a sospechosos de planificar el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
En este sentido, Winder pidió una investigación judicial que permita arrestar a todos los que participaron del complot del magnicidio, y aseguró que el crimen no podría realizarse sin la ayuda de Estados Unidos.
El partido también exigió la dimisión de sus filas del actual ministro de Salud, Alex Larsen, quien se unió en noviembre al Gobierno de Henry, como parte de la aplicación del acuerdo para la gobernanza pacífica, rubricado por cerca de 600 organizaciones sociopolíticas.
La figura del primer ministro se debilitó tras las acusaciones de plataformas de derechos humanos e investigaciones de prensa que lo relacionan con el abogado Joseph Felix Badio, uno de los sospechosos de planificar el magnicidio del 7 de julio.
Según la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Henry conversó por unos 14 minutos con Badio durante la jornada del asesinato, mientras el diario estadounidense The New York Times aseguró que el abogado visitó al primer ministro en la residencia oficial, pese a estar sujeto a una orden de búsqueda y captura.
Mientras varias plataformas piden la cabeza del jefe de Gobierno, avanzan las negociaciones del Acuerdo Montana impulsado por la sociedad civil, que esta semana está aceptando las candidaturas para los puestos de presidente y primer ministro del periodo de transición.
Entre las prioridades de la transición de ruptura propuesta por la sociedad civil figura el fortalecimiento de la seguridad pública, la lucha contra la impunidad y la corrupción, reordenamiento de las finanzas públicas, así como establecer una mesa electoral para la organización de sufragios y realizar la conferencia nacional soberana.
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