Tras la elección de Roberta Metsola como líder del legislativo comunitario el tema ocupó un lugar prioritario en la agenda del Europarlamento.
La legisladora maltesa ostentaba la presidencia interina del PE desde el pasado día 11 tras el fallecimiento inesperado de David Sassoli.
Es una abogada especializada en política europea conocida su postura en contra de esa opción.
Durante el debate se levantaron voces a favor de la interrupción voluntaria del embarazo como la de la presidenta del bloque socialdemócrata, Iratxe García, quien expresó que prohibir el aborto no significa que vayan a nacer más niños, sino que van a morir más mujeres.
También lamentó que las mujeres que pierden la vida durante esa práctica son principalmente las que no pueden acceder a un procedimiento seguro y recordó que anualmente se realizan en el orbe 25 millones de abortos ilegales de los cuales miles acaban en la muerte de la mujer.
De su lado la comisaria europea de Valores, Vera Jourová, y el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, señalaron su apoyo a un mayor acceso a la educación sexual y a una asistencia sanitaria de calidad en la que se incluya la salud reproductiva y sexual.
Desde el Partido Popular Europeo, la irlandesa Frances Fitzgerald se refirió primero a la violencia machista y la vinculó a la lucha por la igualdad de género y por la salud sexual reproductiva, que hoy, según sus palabras muestra un retroceso.
Las mujeres tienen derecho a adoptar sus decisiones y no permitírselo es un acto de violencia, aseguró.
El llamado bloque progresista, integrado por socialdemócratas, Verdes y la Izquierda, coincidió por su parte en recordar que los derechos sexuales y reproductivos de las féminas «no están hoy garantizados» en la Unión Europea.
En tanto la diputada española de la Izquierda María Eugenia Rodríguez Palop consideró que esa opción «no es solo parte del servicio sanitario sino un derecho humano, por lo que sí es competencia del bloque regional.
Contrarios a la interrupción voluntaria se manifestaron diputadas de los grupos conservador y de ultraderecha quienes se opusieron a una actualización de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
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