La propia corte judicial reconoció en una vista pública, no obstante, el alegato de la defensa de que la detención por las autoridades policiales en 2017 de Kanu fue ilegal.
De cara a esa situación, consideró que los derechos del procesado, quien otrora cumplió 19 meses de cárcel, resultaron vulnerados.
El representante del Ipob, catalogado como terrorista por el gobierno, es juzgado bajo siete cargos, entre los que se incluyen, además de cometer actos de traición y terrorismo, el de liderar una campaña secesionista en el sureste de este territorio.
Precisamente el Ejecutivo del estado saheliano atribuyó al grupo separatista Ipob el planeamiento y ejecución de ataques armados en 2021 contra instalaciones de la policía y personal de seguridad, de acuerdo con reportes de medios televisivos.
Horas atrás, según el portal digital The Cable, el abogado de Kano, Mike Ozekhome, expresó al tribunal que necesitaba más tiempo para consultar con su defendido sobre nuevos delitos imputados de improviso por la corte capitalina.
«Fueron presentados nuevos cargos y no he tenido tiempo para reunirme y discutir sobre ellos con mi cliente», sostuvo la defensa.
Creado en 2014, el Ipob propugna la secesión en la parte sureste de Nigeria, donde otro intento de abdicación en mayo de 1967 para constituir la República de Biafra desencadenó una guerra civil durante tres años que dejó saldo de más de 800 mil muertos, según datos de fuentes humanitarias.
Diversas fuentes reseñaron que en zonas sureñas de Nigeria el descontento con las autoridades de Abuja es generalizado “por la percepción de que en esa parte del territorio nacional las poblaciones son marginadas y la industria petrolera comete abusos” y está al servicio de los poderosos.
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