Orélien calificó de falsas e infundadas las alegaciones sobre el cobro de sobornos para liberar a cuatro policías sospechosos de participar en el magnicidio, así como que recibió al menos dos millones de gourdes (cerca de 20 mil dólares) de algún presunto implicado.
El magistrado, quien desde finales de agosto investiga el caso y ya entrevistó a cerca de 30 personas, amenazó con tomar acciones judiciales por lo que considera una campaña de difamación.
Asimismo, sugirió que la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) que emitió el informe es una organización “criminal”.
La semana pasada la Rnddh pidió a la Dirección Central de la Policía Judicial investigar a Gary Orelien, y aseguró que recibió sobornos por el “levantamiento de la prohibición de salida dictada contra una personalidad”, sospechosa de tener vínculos con un sospechoso de magnicidio.
El informe de la defensora de derechos humanos salió a la luz luego de la negativa del decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint-Vil, a extender el plazo de la investigación solicitado por Orélien.
Mientras la pesquisa parece paralizada en Haití, autoridades de Estados Unidos ya presentaron cargos contra dos sospechosos prófugos de la justicia y extraditados a Miami desde República Dominicana y Jamaica.
El exmilitar colombiano Marco Antonio Palacios se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua si es encontrado culpable de cometer el magnicidio, mientras el narcotraficante convicto Rodolphe Jaar podría correr una suerte similar.
El congreso estadounidense dio un plazo de 180 días al Departamento de Estado para investigar los vínculos de los sospechosos con Washington.
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