El proceso lo atiende la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, a cargo de presentar el informe ante el pleno.
Arregui es demandada por supuesto incumplimiento de funciones por el legislador Darwin Pereira, de la bancada del partido Pachakutik.
Durante esta jornada comparecieron varias personas, entre ellas José Paredes, quien se declaró como víctima de robo del Banco Pichincha a través de internet y explicó que la Superintendencia no hace cumplir a la banca privada el código orgánico monetario.
Por su parte, Juan Manuel Hijuelos afirmó que la instancia niega a los usuarios un proceso justo para la solución de los problemas de los perjudicados de los entes financieros privados.
A juicio de Graciela Orfa, la Superintendencia solo busca cumplir requisitos de respuesta a la ciudadanía más no dar las soluciones.
La sustanciación de la solicitud de juicio político continuará en los siguientes días.
De acuerdo con el interpelante, entre las causales de la solicitud están la supuesta inacción o falta de control a entes del sistema financiero, que infringieron la ley durante la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.
También sostiene que hubo violaciones al Código Monetario y Financiero, a la Ley de Seguridad Social, la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos y específicamente a las reglas para las entidades del sistema de seguridad social y el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
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