Nuestra representación mínima en Kabul no significa un reconocimiento al gobierno talibán, aclaró Stano, quien dijo además que esa postura fue comunicada a las actuales autoridades de Kabul.
Tras el retorno de los talibanes al poder en la nación asiática la UE evacuó a su personal, incluidos los empleados locales y sus familiares.
Más tarde anunció la intención de reanudar de forma parcial las labores de su oficina de representación en la capital afgana para resolver asuntos prácticos y sin reconocer al gobierno de facto.
Para la normalización de las relaciones entre Bruselas y Kabul, el mecanismo regional definió en septiembre su línea de actuación.
Esas directrices incluyen garantías de salida segura para todos los extranjeros y nacionales que deseen abandonar el país, así como el respeto de los derechos humanos, en particular los de las mujeres, las niñas y las personas pertenecientes a minorías.
También garantías para ejecutar operaciones humanitarias; asegurar que el país no sirva de base para acoger, financiar o exportar terrorismo; y la formación de un gobierno que incluya a todas las minorías étnicas y religiosas.
En esta jornada el ejecutivo noruego invitó a su homólogo de Kabul a visitar Oslo del 23 al 25 de enero para dialogar sobre la situación interna en la nación asiática.
En esas conversaciones participarán representantes de la comunidad internacional y afganos de la sociedad civil, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para ayudar a la población, todos debemos dialogar con el ejecutivo de Kabul, dijo la titular noruega de esa cartera, Anniken Huitfeldt. La convocatoria «no significa que Oslo reconozca la autoridad de los talibanes pero debemos hablar con los que dirigen en la práctica el país. No podemos permitir que la situación política conduzca a una mayor catástrofe humanitaria, afirmó Huitfeldt
Esa nación asiática sufre un caos social desde la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto tras la retirada de las tropas estadounidenses.
Ese día el movimiento talibán tomó el poder tras dos décadas de conflicto armado con un Gobierno que estaba apoyado por Washington y los miembros de la OTAN.
A principios de septiembre se creó un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la ONU, según analistas.
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